A pesar de ser un recurso renovable, llevar al grifo agua de uso doméstico en condiciones implica una serie de procesos extremadamente complejos y caros.
Al contrario de lo que se cree comúnmente, el agua no es infinita, sino que se trata de un recurso limitado. Lo que sucede es que dicho límite no se fija por la cantidad de agua existente en el planeta, sino por el coste de llevarla desde el punto de captación hasta el grifo de consumidor doméstico. La cantidad de agua puede parecernos enorme si tenemos en cuenta que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por ella, incluso asumiendo que solo el 30% de esta es dulce. Pero si caemos en la cuenta de que únicamente el 0,007% es apta para el consumo doméstico, seremos capaces de visualizar la importancia de este recurso y su escasez en relación con el crecimiento de la población mundial.
Un dato revelador a este respecto es que, según la Cumbre Mundial del Clima celebrada en París en 2015 (COP21), en 2048 entre el 43% y el 50% de la población mundial no tendrá acceso al agua potable si se mantiene tanto la tendencia al aumento de la población como el ritmo de contaminación de lagos, ríos y acuíferos desde los que se capta el agua apta para el consumo. También influirá el cambio climático, que está propiciando fenómenos atmosféricos cada vez más extremos y destructivos en ciertas áreas y reduciendo dramáticamente el régimen de lluvias en otras, es decir aumentando las sequías.
El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, pero solo el 30% es dulce y únicamente el 0,007% es apta para el consumo doméstico.
Un recurso escaso y en peligro
La industrialización sin control de numerosos países, con una política de vertidos y emisiones de gases de efecto invernadero que no tiene en cuenta el medio ambiente, está provocando que ese 0,007% de agua disponible para el consumo disminuya progresivamente y dificulte, de cara al futuro, lograr una distribución equitativa de este recurso tan valioso. Por ejemplo, tintes cargados de plomo, mercurio, arsénico y otros metales pesados, procedentes de las factorías textiles de Bangladesh, Pakistán, Tailandia o Vietnam, están intoxicando buena parte de las cuencas fluviales de estos países y encareciendo, cuando no impidiendo, el acceso al agua potable de sus poblaciones.
En la India, el lago Kazhimpally, en la población de Medak, a menos de una hora en coche del distrito tecnológico de Hydebarat, ha pasado de ser un lugar paradisíaco donde solo se podían bañar las mujeres de las castas superiores, a convertirse en un enclave extremadamente contaminado al que no se acercan ni los moradores más pobres de la zona. La culpa la tiene la elevada concentración de industrias farmacéuticas en sus cercanías. Estas, centradas en la fabricación de antibióticos para los mercados occidentales, vierten reiteradamente sus excedentes a las aguas del lago, con lo que han propiciado tanto la contaminación química como el afloramiento de bacterias resistentes a los antibióticos que fabrican.
Al factor industrial como vector de contaminación de las reservas, hay que añadir las prácticas agrícolas sin supervisión en las que pesticidas, herbicidas y antibióticos destinados a la ganadería van a parar al subsuelo y con la lluvia entran en el ciclo del agua. Es algo que ocurre no solo en el tercer mundo (especialmente en las zonas rurales de China) sino que también ocurre en nuestro país. España es el principal exportador de ganado porcino de la Unión Europea con 28 millones de cabezas anuales, y apenas ha comenzado su lucha contra el uso sin control de antibióticos en las granjas: en agosto de 2016 solo el 60% de los productores se habían adherido a un acuerdo para que el ministerio de Sanidad monitorizara sus actividades en este campo.
La consecuencia de todas estas actividades, que escapan a una supervisión medioambiental, es que si bien actualmente más de 700 millones de personas siguen sin poder acceder con regularidad a un suministro de agua apto para el consumo, la cifra desgraciadamente aumentará en las próximas décadas si no hay un cambio en la actitud de los principales actores implicados: industrias -pero también las multinacionales que las contratan-, ganadería, propietarios de tierras y las instituciones que deben hacer valer unas leyes cuyo incumplimiento termina por afectarnos a todos.
Fuente: eldiario.es
